LUIS DANIEL ÁLVAREZ V.
Latinoamérica parecía haber superado las fatídicas épocas en las que la
detención por razones políticas y el asilo eran temas recurrentes.
Sin embargo, desde hace algunos años se ha evidenciado un crecimiento alarmante en el número de solicitudes de asilo y han aumentado considerablemente las denuncias sobre individuos a los cuales se les penaliza por disentir de la política oficial.
Sin embargo, desde hace algunos años se ha evidenciado un crecimiento alarmante en el número de solicitudes de asilo y han aumentado considerablemente las denuncias sobre individuos a los cuales se les penaliza por disentir de la política oficial.
La persecución va unida a polémicas reformas constitucionales,
deseos por mantenerse indefinidamente en el cargo de elección popular,
aplicación de medidas judiciales como mecanismo de retaliación política,
censura de prensa, centralismo y un abusivo ventajismo electoral.
En el país son cada vez menos aislados los casos de dirigentes políticos con procesos judiciales o privados de su libertad. El gobierno cínicamente ha dicho que no existen presos políticos en el país, sino políticos que están perseguidos por cometer delitos.
El caso del senador boliviano Róger Pinto, asilado en la embajada brasileña en Bolivia desde hace seis meses y a la espera del salvoconducto para abandonar el país, permite entender la difícil situación para la disidencia en ese país, pese a las supuestas muestras de amplitud ofrecidas por el gobierno. Pinto denuncia que sobre él existen más de veinte acciones judiciales y alega que la persecución se debe a sus críticas contra el régimen de Morales.
No nos corresponde determinar si las denuncias contra Pinto por corrupción son ciertas y si lo dicho por él sobre el narcotráfico es real. Lo que sí podemos indicar es que si nuevamente estamos hablando de presos políticos, asilados y gobiernos que no respetan el derecho internacional, entonces podemos decir que nuestra región retrocedió hacia oscuras eras superadas.
luisdalvarezva@hotmail.com
En el país son cada vez menos aislados los casos de dirigentes políticos con procesos judiciales o privados de su libertad. El gobierno cínicamente ha dicho que no existen presos políticos en el país, sino políticos que están perseguidos por cometer delitos.
El caso del senador boliviano Róger Pinto, asilado en la embajada brasileña en Bolivia desde hace seis meses y a la espera del salvoconducto para abandonar el país, permite entender la difícil situación para la disidencia en ese país, pese a las supuestas muestras de amplitud ofrecidas por el gobierno. Pinto denuncia que sobre él existen más de veinte acciones judiciales y alega que la persecución se debe a sus críticas contra el régimen de Morales.
No nos corresponde determinar si las denuncias contra Pinto por corrupción son ciertas y si lo dicho por él sobre el narcotráfico es real. Lo que sí podemos indicar es que si nuevamente estamos hablando de presos políticos, asilados y gobiernos que no respetan el derecho internacional, entonces podemos decir que nuestra región retrocedió hacia oscuras eras superadas.
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